Nulidad de la imposición de contribución económica a los trabajadores de una Fundación Laboral

Hoy vamos a comentar una Sentencia favorable conseguida por el despacho en el ámbito Laboral, en este caso, nuestro compañero, Alfonso Zufiá, en defensa de una mercantil sometida al Convenio Colectivo de la Construcción, se le reclamaba el abono de la aportación complementaria de carácter obligatorio a cargo de la empresa tras ser beneficiario de la Fundación demandante, encontrándonos por tanto como veremos a continuación, ante una cotización ya declarada ilegal por el Tribunal Supremo, de las fundaciones Laborales.

Los antecedentes de nuestro supuesto de hecho son los siguientes:

 

  • La creación de la Fundación es consecuencia de lo aprobado en la Disposición Adicional del Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, que fue suscrito con fecha 10 de abril de 1992 BOE 20 de mayo de 1992.
  • La Disposición Adicional del Convenio Colectivo General del sector de la Construcción dispone que la financiación de la Fundación se nutrirá fundamentalmente de aportaciones de Administraciones Públicas, más una aportación complementarla a cargo de las empresas que no podrá superar el 0,1% de la masa salarial, establecida ésta sobre la misma base de cálculo de las cuotas de la Seguridad Social.

 

¿Qué jurisprudencia podemos aplicar en nuestro caso?:

En este caso en concreto, nos encontramos con la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2016, recurso de casación 17/2015, que entiende que el Acuerdo es nulo en cuanto impone una contribución obligatoria de los trabajadores, y dicha argumentación es también aplicable al caso de la Fundación Laboral de la Construcción para la obligación impuesta a las empresas en el Acuerdo Sectorial de la Construcción.

 

¿Cual es su fundamento?

Tal y como se recoge en la Sentencia obtenida:

  • La dicción normativa, identifica una aportación que no es ni una deducción stricto sensu, ni cotización, exacción, ni ninguna otra clase de obligado desplazamiento económico.
  • La acción “aportar” es expresión verbal de claro contenido personal que, tratándose de la aportación a una fundación, puede equipararse –o incluso identificarse– con una donación.
  • El Convenio Colectivo siempre está sometido a la ley, de modo que la misma no pueda ser vulnerada en la negociación colectiva. En este caso la Ley de Fundaciones.
  • La aportación supone el establecimiento de un continuado desplazamiento económico obligatorio, que no posee ni un apoyo en el consentimiento expreso del individuo.

 

¿Puede un convenio colectivo regular aportaciones obligatorias?

El Tribunal Supremo recuerda lo que es doctrina indiscutible y asentada en virtud de la cual los Convenios Colectivos no pueden imponer la participación en la financiación de la Fundación; esto es así porque cuando se habla de aportación ha de entenderse siempre como una intervención voluntaria prácticamente identificada con la naturaleza jurídica de una donación, recordando que la Fundación no puede excluirse ni mediatizar la norma legal que la autoriza y que no es otra que la Ley 50/2002 y el Real Decreto 1337/2005.

Ley de Fundaciones determina que los fundadores no pueden imponer la obligación de contribuir en la Dotación inicial ni el patrimonio posterior a ninguna persona física o jurídica, ni en su constitución, momento en el que solamente se imponen a sí mismo los fundadores la obligación de aportar la dotación inicial exigida por la Ley, ni a lo largo de la vida de la Fundación por vía de estatutos.

En definitiva, finaliza la sentencia estableciendo que como conclusión, solo puede obtenerse la que determina que las empresas vinculadas al Convenio Sectorial de la Construcción no tienen obligación de aportar derechos económicos a la Fundación Laboral de la Construcción porque esta previsión es contraria a la Ley de Fundaciones y por tanto debe tenerse por no puesta en los Estatutos.